Implementación de las Normas ISO 14000 y 14001 en las industrias Venezolanas

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a participar en la Cumbre de la Tierra organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil. Donde esta Organización se compromete a crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14000.

Las ISO 14000 son un conjunto de estándares ambientales administrativos cuya adopción obliga a la empresa a disminuir los costos ambientales a través de estrategias como la prevención de la  contaminación de las aguas y de la atmósfera. No fijan metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente.

La norma se compone de 6 elementos:

a. Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.)

b. Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para certificación de auditores)

c. Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental)

d. Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de datos del análisis)

e. Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo I – 14025 Tipo III)

f. Términos y definiciones (14050 Vocabulario)

En nuestro país, desde el año 1996  se otorga la certificación Covenin-ISO 14001. Este modelo especifica los los requerimientos de un Sistema de Gestión Ambiental que pueden ser objetivamente auditados para el propósito de certificación y registro.

La certificación ISO 14001 para los sistemas de gestión ambiental, es otorgada por FONDONORMA a las organizaciones que cuentan con una política y compromiso de un mejor desempeño ambiental y cumplimiento de las regulaciones en la materia. Mediante esta certificación, se declara la conformidad del sistema de gestión ambiental de una empresa con respecto a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001 “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para Uso”.

Para otorgar esta certificación, FONDONORMA cuenta con la acreditación de COFRAC de Francia, miembro del International Accreditation Forum (IAF) y el respaldo de los integrantes de la Red Internacional de Certificadores, IQNet.

Veamos el proceso de obtención de esta certificación según FONDONORMA:

 

La adopción e implementación de un rango de técnicas de Gestión Ambiental de una manera sistemática, puede contribuir a resultados óptimos para todas las partes interesadas. Sí la gestión ambiental se combina con un sistema productivo y que considere en su diseño una adecuada gestión de los recursos pudiera esperarse entonces:

a. La eliminación de costos derivados de sanciones

b. Incrementar la imagen corporativa de la organización

c. Contribuir a la obtención de préstamos bancarios sujetos al desempeño ambiental de la empresa solicitante

d.  Aprovechar y reducir los desechos

e. Reducción en el consumo de energía y materias primas

f. Introducir en el mercado nuevos productos basados en tecnologías ecológicas

La implementación de estas normas implica un convencimiento de la problemática ambiental por parte de las empresas y un radical cambio en los procesos productivos e incorporación de tecnología. En Venezuela se han ido incrementando las certificaciones ISO 14000 con la implantación de sistemas de gestión medioambiental, con 9 certificaciones para el año 2000 hasta un máximo de 65 en el año 2005.

Los distintos incentivos normados por la LOA, y la creciente toma de consciencia han aumentado los niveles de participación de las empresas en programas de gestión ambiental.

Nuestro país por tener debatirse en un modelo económico 98% productor de petróleo que es una actividad netamente contaminante, y poseer parte del último pulmón del mundo ha instaurado serias políticas en materia ambiental, tanto los organismos gubernamentales como las ONG  hacen un trabajo arduo para educar pero también hacer control social en aquellas empresas que no contribuyen con la sanidad del ambiente.

Fuentes electrónicas consultadas:

http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000

http://www.fondonorma.org.ve/

Véase el siguiente vídeo para visualizar de mejor manera las Normas ISO

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Análisis jurisprudencial en materia ambiental

Solicitud de Medidas Judiciales Precautelativas Innominadas

 

ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2005-000408
ASUNTO : XP01-P-2005-000408

TRIBUNAL: TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL – CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS

FECHA:  19 DE AGOSTO DE 2005

UBICACIÓN: PUERTO AYACUCHO. ESTADO AMAZONAS

Identificación de las partes

Solicitante: Abog. NORA L. ECHAVEZ, representante de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con Competencia en Defensa Ambiental, de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas

Petitorium

 Luego de una denuncia realizada por el ciudadano Pablo Ivan Verano, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° 3.514.144, en su carácter de Representante legal de Industrias Mis Manos C.A; donde expresó la paralización imprevista de las operaciones de su empresa, por la toma forzosa, está en manos de un grupo de trabajadores que paralizaron parcialmente la operatividad,  lo que puede ocasionar daños a la salud y al ambiente pues manejan sustancias peligrosas; la Fiscal identificada ut supra presentó un escrito ante el Tribunal también identificado arriba, donde señala que esas sustancias no cumplen con las condiciones de seguridad establecidas en la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, aunado al peligro eminente al que se exponen los trabajadores que tomaron la  Industria, por el almacenamiento de las sustancias empleadas para la producción de guantes.  Es por ello que solicita:

 PRIMERO: La suspensión temporal de la empresa “Mis Manos C.A” por no poseer las medidas de seguridad necesarias establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en resguardo de los trabajadores y del medio ambiente, incumpliendo la norma establecida en el artículo 59 de la misma Ley, hasta tanto se adecue a las normas técnicas que regula el funcionamiento de la actividad que realiza dicha empresa; señalado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel), quien es competente para determinar las condiciones.
SEGUNDO: El desalojo total de las personas que se encuentran en las instalaciones de la empresa “Mis Manos, C.A, en resguardo de sus vida y del medio ambiente por cuanto las sustancias empleada para la fabricación de guantes son volátiles y su mezcla puede ocasionar daños tanto a las personas como al medio ambiente, más aun si en los actuales momentos estamos en época de lluvia, pudiendo ocasionar lo denominado una lluvia ácida, el cual al mezclarse con el aire se evapora y al caer producto de la lluvia daña la piel de las personas, no solo los trabajadores sino habitantes de Puerto Ayacucho.
TERCERO: Que se constituya el Tribunal a su digno cargo en la Empresa Mis Manos C.A, junto con funcionarios de la Guardia Nacional, la Defensoría Delegada del Pueblo, un Representante de la Oficina de los Derechos Humanos, el Representante legal de la Empresa, la Inspectoría del Trabajo y esta Representación Fiscal, a los fines de que desaloje a todas las personas que pernotan en las instalaciones de la Empresa Mis Manos C.A, por cuanto están corriendo riesgo sus vidas en virtud de las sustancias existentes en las instalaciones de la misma.
CUARTO: Oficiar al Comando Regional N° 9 de la Guardia Nacional, en la persona del General de Brigada de la Guardia Nacional Juan Romero Figueroa a los fines de que ordene lo conducente para el desalojo de todas las personas que pernotan en las instalaciones de la Empresa Mis Manos C.A; y a todas las Instituciones arriba mencionadas a los fines que se constituyan el día y hora señalados por el Tribunal para la ejecución de la medida requerida por esta Representación Fiscal.
QUINTO: Que se convoque a una audiencia oral, en donde estén presentes las partes, para salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa, tanto de los trabajadores como de la empresa, el cual anexo lista de los trabajadores así mismo que sea escuchado el testimonio de la Ingeniero Ismeri Silva, funcionaria adscrita al Ministerio del Ambiente del Estado Amazonas, quien realizó la inspección de dicha empresa.
SEXTO: Que se citen a los funcionarios de Inpsasel, en la persona del TSU. Carlos Camacaro quien es el Director encargado de la misma con sede en Ciudad Bolívar y quien se va a trasladar el día miércoles 17 de agosto a esta Ciudad, a solicitud de esta Representación Fiscal, a los fines de que deje constancia de las condiciones de peligro inminente en que funcionaba la empresa Mis Manos, C.A, contaminando tanto a las personas, como al medio ambiente, e igualmente señale los ilícitos ambientales encontrados en dichas instalaciones.
SÉPTIMO: Que se oficie a la Dirección de Salud y Desarrollo Social, en la persona del Lic. Eugenio Torres a los fines de que se ordene lo conducente para que se le practique exámenes de sangre o lo que sea necesario para determinar si estas personas tienen alguna contaminación producto de la inhalación de las sustancias existentes en las instalaciones de la Empresa utilizados por la fabricación de guantes plásticos.

Razonamientos para decidir y de los fundamentos jurídicos para decretar las medidas judiciales precuatelativas

 

El Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal en funciones de Control observó inicialmente que en el asunto la Representante del Ministerio Público fundamenta su solicitud en el derecho fundamental que tienen las personas, naturales o jurídicas relacionado al acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de garantizar un ambiente libre de contaminación, acotando que el derecho encierra una serie de aspectos, tales como la existencia de recursos y acciones a los cuales pueden acceder los particulares para su planteamiento conforme a los postulados del Estado de Derecho, a que reciban verdadera justicia y a que se restablezcan, siempre que sea pertinente las situaciones jurídico subjetivas que hayan sido lesionadas.

Dicho esto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal con Funciones de Control estima que es su deber y obligación fundamental de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 127 y siguientes de Nuestra Carta garantizar un ambiente libre de contaminación, brindar las medidas pertinentes a los fines de lograr de manera efectiva la protección del ambiente que es un derecho y un deber para la preservación de la especie humana, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos y la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales, según lo establecido, tanto en el Capítulo IX de los Derechos Ambientales, de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela; así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales, de obligatorio cumplimiento por mandato expreso de la Carta Magna, más concretamente de la Carta Democrática de los Derechos Humanos, cuyos postulados son una exigencia a los regímenes de libertades.

De igual manera consideró el Tribunal la Sentencia N° 656 de fecha 30 de junio de 2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia, en el caso de Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, estableció un análisis de los derechos e intereses difusos de la siguiente manera:

“Cuando los derechos y garantías constitucionales que garantizan al conglomerado (ciudadanía) en forma general una aceptable calidad de vida (condiciones básicas de existencia), se ven afectados, la calidad de vida de toda la comunidad o sociedad en sus diversos aspectos se ve desmejorada, y surge en cada miembro de esa comunidad un interés en beneficio de él y de los otros componentes de la sociedad en que tal desmejora no suceda, y en que si ya ocurrió sea reparada. Se está entonces ante un interés difuso (que genera derechos) porque se difunde entre todos los individuos de la comunidad, aunque a veces la lesión a la calidad de la vida puede restringirse a grupos de perjudicados individualizables como sectores que sufren como entes sociales. Como pueden serlo, los habitantes de una misma zona, o los pertenecientes a una misma categoría, o los miembros de gremios profesionales, etc. Sin embargo, los afectados no serán individuos particularizados, sino una totalidad o grupo de personas naturales o jurídicas, ya que los bienes lesionados, no son susceptibles de apropiación exclusiva de un sujeto…”

“Con los derechos e intereses difusos o colectivos, no se trata de proteger clases sociales como tales, sino a un número de individuos que pueda considerarse que representan a toda la o un segmento cuantitativamente importante de la sociedad, que ante los embates contra su calidad de vida se sienten afectados, en sus derechos y garantías constitucionales destinados a mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se van disminuyendo o desmejorando, por la acción u omisión de otras personas”.

La misma Sala, en sentencia N° 02-2588 de fecha 25 de junio de 2003, en el caso de Nelson Moreno Suárez, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, establece:

“(…) En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagra de una manera novedosa y de avanzada la obligación del Estado de proteger el medio ambiente (artículos 127, 128 y 129), como parte integrante de los llamados derechos de la tercera generación, pues su protección no solo propende a favorecer a un grupo determinado en un momento determinado, sino al colectivo y para generaciones presentes y futuras, de allí la enorme responsabilidad de los operadores de justicia llamados a ponderar los derechos individuales frente al colectivo, máxime en el caso de autos, por tratarse de una zona enclavada dentro de un área considerada zona protegida (…)”

Igualmente establece la mencionada Sala, “importante es recalcar que en el fallo accionado no se hizo consideración alguna sobre una eventual responsabilidad penal de los ciudadanos que se encontraban presentes en la zona afectada, sino únicamente sobre los daños ocasionados al ambiente, por lo que bastó al Juez, para dictar medidas precautelativas, realizar una análisis objetivo de las circunstancias en las que se encontraba la localidad, con prescindencia de consideraciones particulares sobre la identificación, actuaciones o intenciones de dichos individuos. La sala juzga que tal análisis fue cónsono con el fin de dichas medidas, cual es, eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas”.

 En el derecho contemporáneo se comprueba la existencia de nuevas obligaciones jurídicas, aceptadas y reconocidas mundialmente con la finalidad de brindar protección a nuestro medio ambiente, incluyendo la conservación de derechos fundamentales como lo son el derecho a la salud y a la vida, y es nuestra labor como operadores de justicia velar por lo antes dicho. Por tal razón, es indudable el consenso generalizado en la obligación en que nos encontramos de preservar el ambiente.

Aunado a lo anteriormente expuesto este Tribunal luego de una revisión de las actas que conforman la presente causa y luego de un análisis efectuado a la denuncia interpuesta por el ciudadano Pablo Iván Verano, titular de la cédula de identidad N° 3.514.144, así como al informe técnico que practicara el Ingeniero Ismery Silva, funcionaria adscrita a la Coordinación de Control y Gestión Ambiental de la Dirección Estadal Ambiental del Estado Amazonas, de donde se desprende que:

1.- La cantidad, tipos y estado actual (condiciones ambientales y de seguridad) de los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación de guantes de látex que se encuentran en las instalaciones de Industria “Mis Manos”, pueden ser considerados como un alto riesgo a la salud y el ambiente si éstos no se manejan de manera adecuada y no se toman todas las medidas necesarias para su almacenamiento.

2.- La mayor parte de las sustancias líquidas, cuyas características son tóxicas y corrosivas, se encuentran almacenadas en un solo lugar (al cual tienen acceso de manera inmediata los trabajadores que están en paro laboral), pueden reaccionar entre sí, si no se guardan las medidas de protección y manipulación de sus envases.

3.- Los envases de sustancias que volatizan o que generan gases tóxicos (amoníaco y ácido clorhídrico) están siendo utilizadas por los trabajadores del paro laboral como sitio de colocación de sus alimentos, lo cual podrían estarse contaminando con dichas emisiones. Se percibe en el ambiente interno de las instalaciones, presencia de contaminación química evidenciada en la sensación de picazón en el rostro de dos funcionarios que realizaron la inspección, entre ellos la suscrita.

4.- Algunos productos (mezclas de látex y aditivos) que se encuentran en los contenedores de agitación, los cuales según informaciones de los representantes de la empresa, no podrán ser utilizados nuevamente por la descomposición de ella debido a la paralización del proceso, además pudiesen estar reaccionando con el aire y pudiera provocar contaminación de las instalaciones, poniendo en riesgo a la salud de las personas presentes en ellas, y por consiguiente representan riesgos de contaminación ambiental.

Quien aquí decide en virtud de la relevancia y emergencia del caso como lo es resguardar del medio ambiente, como bien jurídico tutelado Constitucionalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente la cual establece que se podrán adoptar la medidas percautelativas fue fuesen necesarias para la eliminación de un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o de las personas o evitar consecuencias degradantes del hecho investigado, y en vista de que debe resolverse lo solicitado sin mayores dilaciones y por cuanto en el presente asunto en ningún momento se vulnera el derecho a la defensa que pudieran tener algún interesado, tal y como ha quedado asentado por diversas sentencias emanadas de nuestra máxima sala, en tal sentido este Tribunal pasa a pronunciarse en cuanto a la solicitud fiscal, y en consecuencia emite los siguientes pronunciamientos:

En relación al primer punto se declara Con Lugar la solicitud interpuesta por la Fiscal Séptima del Ministerio Público, en consecuencia se decreta el cierre temporal de la Empresa Mis Manos C.A, por un lapso de (20) días continuos, con el objeto de que adecuen las instalaciones con la actividad que desempeñan, ello debido al tipo de sustancias químicas empleadas para la fabricación de los guantes de látex, muchas de ellas de carácter tóxicas, las cuales se encuentran almacenadas de manera inadecuada y podrían causar un daño irreparable a la salud y vida tanto de las personas que laboran en la referida empresa como de nuestro Estado, sin menoscabo de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental que consagra nuestra Carta Magna, la cual establece en el primer aparte del artículo 87 “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”. Por lo que se acuerda oficiar a la Empresa Mis Manos C.A en la persona del ciudadano PABLO IVAN VERANO, titular de la cédula de identidad N° 3.514.144, participándole la medida, pudiendo el mencionado ciudadano manifestar si dicho lapso es suficiente o requiere la extensión del mismo, considerando que la citada compañía representa fuente de empleo en el Estado Amazonas.

En relación al segundo punto, este Tribunal declara Con Lugar la solicitud interpuesta por la Fiscal Séptima del Ministerio Público con Competencia en Materia Ambiental y decreta como medida judicial precaultelativa innominada el desalojo de las personas que se encuentran pernotando en las instalaciones de la empresa Mis Manos C.A, por cuanto su permanencia en la misma podría ocasionar graves daños a la salud, ya que la cantidad, tipo y estado actual en que se encuentran los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación de guantes de látex almacenados en las instalaciones de Industria “Mis Manos”, pueden ser considerados de alto riesgo; aunado a que las acciones u omisiones ejercidas por éstos ciudadanos que de forma tempestiva tomaron la empresa podrían ocasionar daños al medio ambiente, así como a la colectividad, todo ello en virtud de la paralización de las actividades de la empresa; cabe resaltar que el informe técnico acota que se observo alimentos colocados sobre envases contentivos de sustancias químicas cuyas características la identifican como tóxicas, por todo lo expuesto y a los a los fines de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida, contemplados en los artículos 83 y 43 de nuestra Constitución Nacional y en virtud de que es obligación del Estado garantizar estos bienes invaluables y velar por el bienestar del colectivo; se dicta tal medida de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 334 del la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al ordinal 7 del artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente.

En relación al tercer punto este Juzgado acuerda constituirse en la sede de la Empresa Mis Manos C.A con el objeto de practicar la medida de desalojo junto con los funcionarios de la Guardia Nacional, la Defensoría Delegada del Pueblo, un Representante de la Oficina de los Derechos Humanos, el Representante legal de la Empresa y esa Representación Fiscal, a los fines de dsalojar que desaloje a todas las personas que pernotan en las instalaciones de la Empresa Mis Manos C.A, por cuanto están corriendo riesgo sus vidas y salud, en virtud de las sustancias existentes en las instalaciones de la misma, tal constitución se realiza con el objeto de velar que la medida se practique respetando los derechos humanos y garantías constitucionales de las personas que allí se encuentran. En cuanto a lo requerido por la Representación Fiscal a que se cite a la Inspectoría del Trabajo, este Tribunal lo declara Sin Lugar en virtud de que la materia que nos ocupa no grada relación con el ámbito laboral, lo cual debe ser ventilado por ante los Tribunales competentes, aunado a que lo que persigue esta medida es salvaguardar la salud y la vida de las personas que se encuentran de manera ilegal ocupando las instalaciones de la empresa e interrumpir la producción de daños al ambiente.

En cuanto al cuarto punto este Juzgado acuerda fijar como fecha para que se lleve a efecto la medida de desalojo el día LUNES 22 DE AGOSTO de 2005, A LAS 10:30 HORAS DE LA MAÑANA, fecha y hora en que se constituirá el Tribunal a objeto de practicar el tan mentado desalojo, en consecuencia se ordena librar oficio al Comando Regional N° 9 de la Guardia Nacional en la persona del General de Brigada de la Guardia Nacional Juan Romero Figueroa, con el objeto de que practique el desalojo antes mencionado. Así mismo se ordena librar oficios a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina de los Derechos Humanos, al Representante legal de la Empresa Mis Manos C.A, a un Representante de la Dirección Estadal Ambiental del Estado Amazonas y a la Representación Fiscal.

En lo que respecta al quinto punto la Representación Fiscal solicita a este Tribunal se fije una audiencia oral en donde estén presentes las partes, para salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa, tanto de los trabajadores, como de la empresa, para lo cual anexo lista de los trabajadores, así mismo que sea escuchado el testimonio de la Ingeniero Ismeri Silva, funcionaria adscrita al Ministerio del Ambiente del Estado Amazonas, quien realizó la inspección de dicha empresa; quien aquí decide considera que en reiteradas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha quedado asentado que “(…)el Juez que conozca de las acciones protectivas, no necesitará para juzgar los daños al ambiente, determinar si existe o no oposición por parte de los miembros del conglomerado social para proceder a sentenciar en contra de los transgresores, bastándole constatar el daño que se cause a la colectividad, así ésta no la acepte”. Sentencia N° 00-1395 de fecha 21 de noviembre de 2004, con ponencia del Dr. Iván Rincón Urdaneta. En vista de lo antes referido es por lo que este Juzgado hace la salvedad de que en ningún momento se vulnera el derecho a la defensa que pudieran tener algún interesado, en consecuencia de niega lo requerido por la Fiscal del Ministerio Público, ya que con la aplicación de las medidas precautelativas lo que se busca es eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas.

En cuanto al sexto punto relativo a la citación del funcionario de Inpsasel, TSU. Carlos Camacaro quien es el Director encargado de la misma, con sede en Ciudad Bolívar, es de hacer notar que señaló la representación fiscal en su escrito tal y como consta al folio (70) del presente asunto, que en fecha 10 de Agosto del año que discurre solicitó una inspección técnica y acotó que se trasladaría a esta Ciudad el día miércoles 17 de los corrientes, y en vista de que en fecha 16 de Agosto de 2005, este Despacho Judicial libró boleta de notificación a la Fiscal Séptima del Ministerio Público a los fines de que completara o ampliara su requerimiento, siendo este consignado el día 17 de los corrientes, en tal sentido este Tribunal considera inoficioso citar al prenombrado ciudadano.

En relación al séptimo punto, en el que requiere se oficie a la Dirección de Salud y Desarrollo Social, en la persona del Lic. Eugenio Torres a los fines de que se ordene lo conducente para que se le practique exámenes de sangre o lo que sea necesario, para determinar si estas personas tienen alguna contaminación producto de la inhalación de las sustancias existentes en las instalaciones de la Empresa utilizados por la fabricación de guantes plásticos, este Jugado acuerda lo requerido por la Fiscal, para lo cual se ordena librar el correspondiente oficio, y se ordena anexar copia certificada de los folios (44) y (45) donde aparece la identificación de las personas que pudieran encontrarse en el lugar, esto con el objeto de garantizar el derecho a la salud y a la vida, derechos resguardados constitucionalmente.

Una vez resueltas las solicitudes de la Representación Fiscal este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de esta Circunscripción Judicial pasa a dictar de conformidad con lo establecido en el ordinal 7 del artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente las siguientes medidas precutelativas:

PRIMERO: Que se restablezca el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la empresa Mis Manos C.A, la cual fue interrumpida en fecha 27 de julio de 2005 por un grupo de trabajadores y de una persona que no pertenece a la misma, cuando traspasaron la puerta y entraron por la fuerza al área de producción impidiendo la actividad productiva, cortando la energía eléctrica en pleno funcionamiento, lo que trajo como consecuencia la total paralización quedando los químicos utilizados para la fabricación de los guantes estancados y expuestos al medio ambiente, lo cual indudablemente podría causar graves daños a la salud y a la vida tanto de las personas que se encuentran en esas instalaciones, como para la colectividad en general, a los efectos de ordena librar el correspondiente oficio a Oficina de Elecentro con el fin de que se restablezca el servicio de energía eléctrica.

SEGUNDO: Oficiar a la Directiva de la Empresa Mis Manos C.A con el objeto de tomen las medidas de seguridad necesarias a los fines de brindar a sus trabajadores las condiciones adecuadas para el desempeño de sus labores, garantizando su salud física, mental y a la vez evitar la contaminación ambiental: 1.- Evitar la contaminación de las sustancias que puedan reaccionar con el agua, las cuales en la actualidad no existen. 2.- Almacenar de manera adecuada las sustancias químicas utilizadas para realizar su proceso de producción, para así dar cumplimiento a la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, la cual tiene como objeto: “Regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente”. 3.- Educar a los trabajadores en cuanto a los riesgos que pueden correr la salud y la vida tanto de ellos como de sus familiares, ello se podría efectuar a través de charlas o cursos que le permita instruir a cerca del manejo adecuado de las sustancias allí almacenadas, e instarlos a que no coloquen bebidas ni comidas cerca del área en que se encuentran las referidas sustancias. Así mismo deberá dotar a los empleados de las indumentarias, y equipos necesarios a los fines de resguardar su integridad física. 4.- Realizar las diligencias pertinentes a los fines de practicar la descontaminación de las instalaciones, equipos, contenedores, solicitando la ayuda profesional al Organismo que corresponda. 5.- Se insta a la Empresa Mis Manos a colocar avisos o señalización en las áreas susceptibles de peligro, así como acondicionar el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales y de las provenientes del pozo séptico, al igual que levantar, una pequeña pared ene. Pozo profundo con el objeto de evitar una probable contaminación con las aguas de escorrentías. 6.- Agilizar la construcción de un depósito adecuado a los fines de almacenar las sustancias.

 

Decisión

 En función de las razones expuestas en la sección anterior, el Tribunal, administrando Justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público y DECRETA LAS MEDIDAS PRECAUTELAITIVAS INNOMINADAS ANTES ENUNCIADAS, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 127, 257, 326 y 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 24 de la Ley Penal del Ambiente, 551 del Código Orgánico Procesal Penal, en remisión directa a los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase y libérense los respectivos oficios.-

Jurisprudencia consultada:

http://amazonas.tsj.gov.ve/decisiones/2005/agosto/49-19-XP01-P-2005-000408-.html

Funciones, objetivos del Ministerio del ambiente

MISIÓN

Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservación de los recursos naturales, promoviendo la  participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.

 

VISIÓN

Órgano de la Administración Pública Nacional, rector de la política ambiental, con altos niveles de excelencia, plenamente integrado en las diversas instancias decisorias de la esfera  política, económica y social del país, y que a través de una gestión desconcentrada,  descentralizada y participativa promueve el desarrollo  sostenible en aras de mejorar la calidad de vida.

 

FUNCIONES

Son sus funciones aquellas inherentes a la protección, defensa,  y mejoramiento del ambiente, según el artículo 18 de la LOA, la Autoridad Nacional Ambiental será ejercida por el ministerio con competencia en materia ambiental como órgano rector, responsable de formular, planificar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para la gestión del ambiente.

  1. La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado venezolano.
  2. La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales.
  3. El diseño e implementación de las políticas educativas ambientales.
  4. El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas.
  5. La planificación y ordenación del territorio.
  6. La administración y gestión en cuencas hidrográficas.
  7. La conservación defensa, manejo restauración y aprovechamiento y uso racional y sostenible de los recursos naturales.
  8. El manejo y control de los recursos forestales.
  9. La generación y actualización de la cartografía y del catastro nacional.

10. La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional y en las áreas marino-costeras, capaces de degradar el ambiente.

11. La administración de las áreas bajo régimen de administración especial que le correspondan.

12. La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos.

13. El desarrollo de la normativa técnica ambiental.

14. La elaboración de estudios y proyectos ambientales, así corno las demás competencias que le atribuyan las leyes.

OBJETIVOS

El artículo 10 de la LOA, consagra los objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental:

1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los instrumentos y mecanismos para su aplicación.

2. Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder Público, a los fines previstos en esta Ley.

3. Cumplir las directrices y lineamientos de las políticas para la gestión del ambiente.

4. Fijar las bases del régimen regulatorio para la gestión del ambiente.

5. Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación protagónica de la sociedad.

Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente.

7. Reducir o eliminar las fuentes de contaminación que sean o puedan ocasionar perjuicio a los seres vivos.

8. Asegurar la conservación un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

9. Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la generación de información básica.

10. Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el control ambiental.

11. Promover la adopción de estudios e incentivos económicos y fiscales, en función de la utilización de tecnologías limpias y la reducción de parámetros de contaminación, así como la reutilización de elementos residuales provenientes de procesos productivos y el aprovechamiento integral de los recursos naturales.

12. Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y restaurar los ecosistemas degradados.

13. Resguardar, promover y fomentar áreas que coadyuven a la preservación de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

14. Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y el cumplimiento de la presente Ley.

De igual manera, y a tono más general:

1. La formulación y ejecución de la política ambiental, con el fin de normar el uso y la conservación de los recursos naturales.

2. Promover la participación ciudadana para el logro del desarrollo sustentable de los recursos naturales propuesto por el Ejecutivo Nacional.

3. Desarrollar los proyectos de inversión y gestión pública, dirigidos a atender las áreas de conservación ambiental, educación ambiental, y participación ciudadana mediante la incorporación de los Consejos Comunales, Comunas y las misiones para el logro de los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

Según el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 39.163; sus competencias son:

1. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas ambientales del Estado venezolano;

2. La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales;

3. El diseño e implementación de las políticas educativas ambientales;

4. El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas;

5. La planificación y ordenación del territorio;

6. La administración y gestión en cuencas hidrográficas;

7. La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad;

8. El manejo y control de los recursos forestales;

9. La generación y actualización de la cartografía y del catastro nacional;

10. La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente;

11. La administración de las áreas bajo régimen de administración especial, que le correspondan;

12. La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos;

13. La normativa técnica ambiental;

14. La elaboración de estudios y proyectos ambientales;

15. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Actividad Administrativa del Estado Venezolano con relación al ambiente

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como uno de los fines supremos del Estado Venezolano el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciables de la humanidad.

El ambiente es uno de los ejes transversales en ella, en el artículo N 15 establece que el Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos preservando la diversidad y el medio ambiente; en los Derechos económicos se nos otorga la libertad económica cuyas limitaciones hace mención a la protección del medio ambiente.

El Capítulo IX a los Derechos Ambientales se consagra el derecho y deber de cada generación a proteger y mantener en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Así como también establece la obligación del Estado, con la participación de la sociedad, a garantizar que la población se desenvuelva  en un ambiente libre de contaminación, donde los componentes de la tierra (aire, suelo, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, agua, las costas) sean protegidas especialmente por la ley.

“Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.”

En el establecimiento de funciones tanto a nivel central como descentralizado, se detalla la competencia en materia de protección y saneamiento ambiental.

De igual manera, en la educación,  en el régimen socio económico y en la defensa, se considera la protección del ambiente necesario.

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta

De los Principios de Seguridad de la Nación

Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.

Nuestra Constitución, ha incorporado, como se puede apreciar, la protección ambiental como un eje transversal a la vida y responsabilidad tanto del Estado como de los ciudadanos.

Actos Administrativos en materia Ambiental

El artículo 88 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que en los Procedimientos administrativos vinculados con los instrumentos  de control previo, se seguirán los principios y normas establecidos en las leyes orgánicas de Procedimientos Administrativos y de la Administración Pública, salvo lo dispuesto en las leyes y normas especiales que rijan la materia ambiental.

Es por ello que debemos consultar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es regular los procedimientos ejecutados en la Administración Pública. En su capítulo II De los Actos Administrativos, norma el acto, iniciando en el artículo 7 con su  definición:

“Artículo 7°. Se entiende por acto  administrativo, a los fines de esta ley, toda  declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración pública.  “

 

De igual manera, se dispone su jerarquía y en su artículo 18 indica el contenido de cada acto:

  1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto.
  2. Nombre del órgano que emite el acto
  3. Lugar y fecha donde el acto es dictado
  4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido
  5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido  legadas y de los fundamentos legales pertinentes.
  6. La decisión respectiva, si fuere el caso
  7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la titularidad con que actúen, e
  8. indicación expresa,  en caso de actuar  por delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia.
  9. El sello de la oficina.

Así mismo, contempla los tipos de procedimientos administrativos: ordinario y sumario.  El primero se define en el artículo 47 que estatuye que los procedimientos  administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario.

Este procedimiento ordinario se inicia con la solicitud de la persona interesada, escrito que deberá poseer los requisitos establecidos en al artículo 49 de la LOPA. Iniciado el procedimiento se realizarán todas las actuaciones necesarias para su tramitación. Su resolución no podrá exceder los cuatro (04) meses, salvo que se medien causas excepcionales. Estas prórrogas no podrán exceder de dos (02) meses, en su conjunto.

El procedimiento sumario, al contrario que el anterior, podrá terminar en treinta  (30)  días; es decir, en este lapso de tiempo se iniciará de oficio y concluirá. De igual manera se debe sustanciar el procedimiento y si el caso lo amerita se recurrirá al procedimiento ordinario.

Es importante aclarar que en la Ley Orgánica del Ambiente también se establecen actos administrativos que ejecutan los órganos responsables de la materia; están consagradas en el Título IX Medidas y Sanciones Ambientales. El artículo 109 estatuye claramente sobre la nulidad de los actos administrativos y en adelante se norma, entre otros, la responsabilidad de las personas jurídicas en los actos administrativos que se deriven por sus acciones.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La CRBV consagra el derecho al ambiente como un derecho transgeneracional, lo ubica como un bien jurídico protegido por el Estado, instaura la educación ambiental obligatoria, entre otros, los artículos más relevantes son:

Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.

De los Derechos Ambientales

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

De los Principios de Seguridad de la Nación

Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Ley Forestal de Suelos y Agua

La Ley Forestal del Suelos y de Aguas fue promulgada el 26 de enero  de 1966 en Gaceta Oficial N° 1.004 Extraordinario en el primer mandato del ex presidente Carlos Andrés Pérez su finalidad. Sin embargo por un error, es en la resolución N°078 de fecha 08-03-66 emanada del entonces Ministerio de Agricultura y Cría, que se oficializa esta Ley en la Gaceta N°27.981 del 09 de marzo de 1966.

Tiene por objeto la conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos naturales que en ella se determinan y los productos que de ellos se derivan. Contiene, como la posterior Ley Orgánica del Ambiente, una declaración de utilidad pública sobre la protección de las cuencas hidrográficas, las corrientes y caídas de agua, los parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas de regiones vírgenes y reservas forestales. Establece toda una serie de controles de la explotación y utilización de los recursos naturales renovables a través del otorgamiento de permisos, concesiones y contratos y de sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones.

Si bien se refiere también a los suelos y a las aguas, está fundamentalmente dirigida a la protección forestal y abunda en lo referente a los parques nacionales, zonas protectoras, cuencas hidrográficas, reservas forestales, aprovechamiento forestal e incendios de vegetación. Es igualmente importante en lo que concierne a usos y actividades a realizarse en parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras, monumentos naturales, figuras presentes en el sector. Las disposiciones referentes a las aguas fueron derogadas por la Ley de Aguas de 2006, y las concernientes al recurso forestal por la Ley de Bosques de 2008.

El Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas fue promulgado mediante el Decreto N° 2117 del 12 de abril de 1977 en  Gaceta Oficial N° 2.022 extraordinario del 28 de abril de 1977.             Constituía el reglamento general de la Ley, pero muchos de sus artículos han sido derogados, especialmente los relativos a los funcionarios administrativos, guardería ambiental y parcelamientos urbanísticos. Desde entonces este reglamento tuvo varios alcances como los decretados el 27 de septiembre de 1991 en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.808 donde se normó las Explotaciones Forestales (Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas sobre Repoblación Forestal en Explotaciones Forestales.) y 25 de enero de 1983 a través de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.652 que estableció la Regulación de las actividades que impliquen destrucción de Vegetación con fines agropecuarios (Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas sobre la Regulación de las Actividades que impliquen destrucción de Vegetación con fines agropecuarios). Estos son sólo algunos ejemplos.

Derecho Ambiental

Derecho Ambiental es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el ambiente.

Así mismo se ha definido como la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los valores naturales y la actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y actitudes humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales , conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Es sustancialmente público y privado a la vez, de carácter precautorio-preventivo e interdisciplinario. Se basa en particular en un conjunto integrado de Principios Jurídico ambientales, en la jurisprudencia y en la doctrina, y en una combinación de técnicas, reglas e instrumentos

El Derecho Ambiental se particulariza por diversos características que lo definen y relacionan con otras ciencias: preventivo, sistémico, interdisciplinario  y transversal, espacios indeterminados, base técnica metajurídica, distribución equitativa de costos, coeltivo, integrador y globalizador, transfronterizo, dinámico y diverso. Su factor básico es el Principio de Prevención